** La disposición transitoria aprobada por el Senado encendió críticas en todos los frentes y ahora la Cámara de Diputados tendrá que corregirla.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la cláusula retroactiva introducida por senadores de su propio partido, mientras que Ricardo Monreal anticipó que la Cámara de Diputados revisará con cuidado la minuta para garantizar que se respete la Constitución.
La reforma a la Ley de Amparo, avalada en el Senado en medio de un debate tenso, abrió una nueva grieta política por la disposición transitoria que ordena aplicar la nueva legislación a juicios en trámite. La medida contradice directamente el artículo 14 constitucional, que prohíbe la retroactividad en perjuicio de las personas, y provocó pronunciamientos inmediatos desde distintos frentes.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al rechazar la modificación.
“Hay que respetar la Constitución, que establece que no debe haber retroactividad. Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes no puede haber retroactividad”, expresó, al deslindarse de la reserva presentada por el senador morenista Manuel Huerta.
La mandataria subrayó que ese punto no estaba contemplado en su iniciativa original y pidió que se corrija en la Cámara de Diputados.
“Me parece que tiene que garantizarse que los juicios que hoy están en amparo sigan con las leyes anteriores, porque se trata de un procedimiento previo”, señaló.
En el mismo sentido se pronunció Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro. El legislador advirtió que la disposición es “inadecuada” y adelantó que la Comisión de Justicia revisará la minuta sin fast track.
“No habrá vía rápida, se analizará con cuidado. Ninguna ley secundaria puede eliminar el principio de no retroactividad sin tocar la Constitución”, sostuvo.
Monreal insistió en que el Congreso debe garantizar certeza jurídica a quienes ya promovieron juicios, evitando que un cambio legislativo altere procesos en curso.
“Si la redacción quedó tal como se votó en el Senado, sí es violatoria de la Constitución”, afirmó.
La polémica se suma a las críticas que ya arrastraba la reforma, entre ellas la restricción del interés legítimo y las nuevas condiciones para suspensiones en casos fiscales. Expertos han señalado que detrás de la iniciativa está la intención de cerrar la puerta a litigios de gran impacto ambiental y a amparos promovidos por deudores fiscales, como el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien mantiene adeudos millonarios con el SAT.
Será el próximo martes 7 de octubre cuando el pleno de la Cámara de Diputados sesione y turne la minuta a comisiones. El debate promete intensificarse, pues se espera una lluvia de reservas al dictamen y un análisis más amplio sobre el alcance de la reforma.
MDR.
