La propuesta incluye además de 100 a 500 días de multa (44 mil 810 pesos)
El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, propuso sancionar de tres a siete años de prisión y de 100 a 500 días de multa (44 mil 810 pesos), a quien robe coladeras o cualquier elemento del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales.
Desde tribuna del Congreso local, el morenista destacó que el robo de infraestructura y mobiliario de la ciudad, es un delito que afecta severamente a los habitantes de esta capital y, lamentablemente, se ha hecho más frecuente el robo de las alcantarillas, comúnmente llamadas «coladeras».
«Esta es una conducta que cada vez representa mayores pérdidas monetarias para la Ciudad de México, por ejemplo, el Sistema de Aguas ha invertido desde el año 2019, 53 millones de pesos para sustituir más de nueve mil tapas del alcantarillado», dijo.
Mencionó que aproximadamente se registran 77 robos al mes, principalmente en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, que representan en total el 42% de los hurtos registrados en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México durante los últimos cinco años.
En sesión presencial en el Antiguo Palacio de Donceles, Norberto Sánchez se refirió a las personas que logran vender las alcantarillas como fierro viejo, y que obtienen una ganancia aproximada de tres a cuatro pesos por kilo; es decir, entre 240 o 300 pesos por brocal de 60 kilos, pero de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, cada tapa tiene un costo promedio de 17 mil pesos.
Incluso, el legislador destacó que la sustracción de coladeras, además de generar un gasto acaudalado, es un riesgo constante a la integridad de las personas que transitan por la Ciudad, ya que la falta de este mobiliario público provoca graves accidentes y hasta en muchas ocasiones la pérdida de la vida.
El proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III, apartado A y recorren las subsecuentes, para adicionar un apartado E, todas del artículo 224, del Código Penal capitalino, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
