** Departamento de Justicia de EU vincula a dos empresarios mexicanos con sobornos millonarios a Pemex.
Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila, ambos mexicanos residentes en Texas, son señalados por presuntamente pagar sobornos a funcionarios de Pemex y su filial PEP entre 2019 y 2021. Según EU, obtuvieron contratos por al menos 2.5 millones de dólares a cambio de regalos y dinero en efectivo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó formalmente a dos empresarios mexicanos de participar en un esquema de corrupción para asegurar contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP). Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, quienes presuntamente conspiraron para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal.
Entre 2019 y 2021, ambos habrían entregado artículos de lujo —incluyendo mercancía de marcas como Louis Vuitton y Hublot—, así como pagos en efectivo y otros bienes de valor, a cambio de que funcionarios manipularan licitaciones y facilitaran contratos. De acuerdo con la acusación, estas acciones beneficiaron a empresas vinculadas con Rovirosa con contratos que suman 2.5 millones de dólares.
El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, advirtió que este caso “envía un mensaje claro” contra quienes busquen enriquecerse mediante funcionarios corruptos, afectando el mercado justo. Rovirosa ya fue detenido y procesado, mientras que Ávila permanece prófugo. Ambos enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la misma, con una posible condena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.
Según documentos judiciales, Rovirosa tendría vínculos con miembros de cárteles mexicanos. Además, Ávila fue funcionario de Pemex entre 2010 y 2012 y fue sancionado por otorgar contratos irregulares a la empresa Oceanografía, incluso firmando documentos después de haber dejado el cargo.
El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) investigan el caso, con apoyo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Depósitos de Seguros. El DOJ recordó que una acusación formal no implica culpabilidad, y que los señalados se presumen inocentes hasta que un tribunal demuestre lo contrario.
MDR.
