** La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no está de acuerdo con la reforma educativa aprobada por el Congreso de Chihuahua, que limita el uso del lenguaje inclusivo en todos los niveles escolares.
La reforma, impulsada por el PAN, busca garantizar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español, pero ha generado críticas de opositores que advierten retrocesos en inclusión y libertad de expresión.
El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma al artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, estableciendo que las autoridades escolares deberán fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español en todos los centros educativos, tanto públicos como privados. La iniciativa, promovida por el diputado Carlos Olson San Vicente, fue defendida como un medio para preservar la unidad y la riqueza del idioma, asegurando que los estudiantes desarrollen su competencia lingüística de manera sólida desde la educación básica.
El cambio legislativo también prohíbe explícitamente el uso del lenguaje inclusivo en las aulas, buscando que los alumnos aprendan estructuras claras y precisas del idioma español. Los legisladores del PAN argumentaron que seguir las normas gramaticales fomenta disciplina y claridad en el pensamiento, mientras que los opositores, como la diputada Jael Argüelles de Morena, advirtieron que la reforma representa un retroceso en derechos, inclusión y libertad de expresión, al invisibilizar nuevas realidades e identidades presentes en la sociedad.
Ante esta medida, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció durante su conferencia matutina, afirmando de manera enfática que su gobierno no está de acuerdo con la prohibición del lenguaje inclusivo.
“No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo”, declaró la mandataria en Palacio Nacional, sin entrar en más detalles, dejando claro que la postura federal se mantiene en favor de la inclusión y el respeto a la diversidad.
La reforma en Chihuahua ha encendido un debate a nivel nacional, pues se trata del primer estado en aprobar una legislación de este tipo, mientras que a nivel federal y en otros estados se han adoptado políticas que promueven el lenguaje inclusivo, incluyendo modificaciones constitucionales recientes que buscan reflejar la equidad de género en el idioma.
El Congreso local estableció que tanto el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con reconocimiento oficial deberán promover prácticas disciplinadas y correctas del español, reforzando la enseñanza de la gramática tradicional. Por su parte, la oposición sostiene que la medida podría limitar la libertad de expresión y el reconocimiento de identidades diversas, generando un choque con políticas de inclusión y derechos humanos.
MDR.
