El Gobierno de la Ciudad de México respalda firmemente el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe del Comité se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 a 2017; extrapolando lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México. En ese sentido, no se reconoce la enorme transformación de la política de seguridad y atención a personas desaparecidas desde 2019. Resulta muy grave que en un informe de tal relevancia no se incluya la evidencia aportada por el Gobierno de México.
Ante esta importante omisión, los resultados del informe son cuestionables. El Comité decidió no valorar las medidas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar y erradicar ese fenómeno. Además, en el informe no se distingue de forma adecuada la desaparición forzada por el Estado de la perpetrada por civiles u organizaciones criminales. En la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece. Al contrario, se combate este problema con una nueva política pública integral que busca erradicar esta grave vulneración a los derechos humanos.
En México, durante los gobiernos autoritarios del antiguo régimen se desarrolló una represión sistemática contra la población civil; periodo en el que se documentaron miles de casos de desaparición forzada a manos del Estado. Además, el referido informe reconoce la estrecha correlación entre el aumento de las desapariciones y la denominada «guerra contra el narcotráfico» declarada por Felipe Calderón. En 2018 el pueblo de México derrotó democráticamente una política de seguridad basada en la violación sistemática de los derechos humanos y en la guerra, cuyas consecuencias seguimos sufriendo.
Recordemos que durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República se crearon comisiones de búsqueda en los estados de la república; se construyó el Centro Nacional de Identificación Humana; se incrementó de forma muy significativa el presupuesto destinado a la búsqueda de personas no localizadas; se transparentó por primera vez la información sobre personas no localizadas y se pusieron en marcha protocolos homologados de búsqueda.
El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado distintas acciones históricas, innovadoras e integrales centradas en la búsqueda efectiva, con el mayor compromiso y sensibilidad en la atención a las víctimas. Entre ellas destaca la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, para crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas no localizadas, la Plataforma Única de Identidad y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de personas. Además del fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. Asimismo, recientemente se presentó la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Para el Gobierno de la Ciudad de México la política pública de atención a víctimas es una gran prioridad. Desde que entramos al gobierno instalamos un gabinete permanente para atender la problemática y creamos el Centro de Atención integral para que las familias sean acompañadas de forma inmediata desde un mismo lugar por la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Búsqueda.
Asimismo, creamos el Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, garantizando que ante una identificación se haga una entrega inmediata a los familiares. Además, duplicamos el presupuesto destinado a la búsqueda de personas, entre otras acciones.
Expresamos nuestro respaldo a la política de atención a personas desaparecidas del Gobierno de México y reafirmamos nuestro apoyo a la posición expresada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ante el informe del Comité de la ONU. Rechazamos las narrativas que afirman una supuesta colusión entre el crimen organizado y el Gobierno de México, por ser infundadas y por servir a intereses injerencistas; así como la utilización política de este informe para promover una agenda de vulneración de la soberanía de México y del derecho internacional.
Rechazamos también el uso político del dolor de las familias de las personas desparecidas para atacar al Gobierno de México.
Expresamos toda nuestra solidaridad con las familias de las personas desaparecidas en México y en la Ciudad de México. Su dolor nos convoca y nos obliga. Es una herida abierta y un dolor compartido que nos atraviesa como sociedad. Por ello, reafirmamos el compromiso de nuestro gobierno de caminar junto a las víctimas, de escuchar a las familias y de construir, de la mano con la sociedad civil, una política pública cada vez más integral, más humana y más eficaz.
Clara Brugada Molina
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
