El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo celebró la vinculación a proceso de cuatro militares por el asesinato de cinco jóvenes en el municipio tamaulipeco, si bien lamentó lo benévolo de los delitos por los que se les acusa.
En entrevista para el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el presidente del Comité, Raymundo Ramos, destacó como “hecho sin precedentes en materia de investigación” que la Fiscalía General de la República (FGR) imputara delitos contra elementos castrenses.
Sin embargo, condenó que solo se les investigue por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Criticó además que no se haya procesado por encubrimiento a otros 17 militares implicados, ante lo cual, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo inició un juicio en el que ya se fijaron dos meses de plazo para la investigación complementaria, tiempo que se considera “muy poco”.
No es suficiente, es un buen paso para la justicia en México, pero se debió imputar otros delitos como encubrimiento, robo, alteración de evidencia, informes falsos rendidos a una autoridad, abuso de autoridad, etcétera…
El juez fue muy benévolo con la vinculación a proceso, porque solamente está considerando dos delitos: homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa”, dijo.
Raymundo Ramos exhortó a que se investigue también al capitán Elio Conde Toledano, por ser quien tenía el mando de los militares el día de los hechos.
Expuso que se tiene evidencia sólida para ampliar las investigaciones y delitos contra militares.
Tenemos dos testigos sobrevivientes, Luis Gerardo y Alejandro. Ellos sufrieron tortura, privación ilegal de la libertad, intento de homicidio y lesiones graves, tanto emocionales como físicas, y esa parte el juez no la está considerando”, enfatizó.
El Comité demanda la aplicación de la justicia, independientemente de si son o no militares, por tratarse de un acto arbitrario y que las víctimas no habían cometido delito alguno.
Defiende que los jóvenes no debieron morir en tales circunstancias, en tanto que los familiares piden a la FGR que utilicen todos los actos de investigación, ya que hasta el momento no se ha procedido con la mecánica de hechos, que alude a la recreación de lo sucedido.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y familiares de los jóvenes asesinados viajarán a la Ciudad de México para devolver a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la recomendación emitida por lo sucedido.
Esto al considerar que se trata de una recomendación “terrible y muy ligera” contra la Sedena.
La recomendación que emitió la CNDH por este caso es una recomendación, no sé ni cómo calificarla. Pero es lo menos que podemos hacer, regresársela a la CNDH para que ellos hagan con ella lo que quieran. Los familiares no la están aceptando”, concluyó.
Presunta conversación con criminal, para desviar la atención
Raymundo Ramos sostuvo que la conversación filtrada de él con un presunto líder criminal tiene como objeto desviar la atención de las denuncias e investigaciones por lo ocurrido en Nuevo Laredo.
Quien presentó ese audio debería certificarlo, por eso yo no le doy importancia a esa llamada ni a esa conversación… Esa llamada jurídicamente no tiene ningún valor”
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo precisó que hasta el momento no se han presentado pruebas que certifiquen su autenticidad ni que comprueben que el hombre implicado en la llamada sea miembro del crimen organizado.
Curiosamente sale en medio de un acto de investigación que nosotros denunciamos. Entonces, ¿cuál es la intención?, poner en duda la credibilidad del Comité, intimidar y desviar la atención de los hechos”, denunció.
Además, Raymundo Ramos dijo ser espiado por su labor en defensa de los derechos humanos, tal y como lo revelaron filtraciones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Estoy siendo espiado todavía,a estas alturas, por la inteligencia naval, por la inteligencia militar, seguramente por la inteligencia del Gobierno Federal.”
Argumentó el espionaje en su contra por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales realizadas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que involucran a elementos de la Sedena.
Lo que está haciendo el Ejército: investigando, espiando, intimidando a defensores de derechos humanos como yo es un acto de arbitrariedad, un acto de abuso de poder. Y lo hacen porque no le rinden cuentas a nadie, no le rinden cuentas al presidente, no le rinden cuentas al Congreso, mucho menos a la población o a las fiscalías”, acusó.
Con información de López-Dóriga Digital
