Las pruebas acusan el Cártel de Tijuana con la complicidad de funcionarios de la fiscalía estatal. La CNDH y la FGR han cerrado los expedientes; la justicia está en manos de quienes él denunció
Tras sentar a dos de sus hijos en la parte trasera de su automóvil, Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta de Tijuana, se instaló frente al volante y le dispararon en cuatro ocasiones.
Su asesinato sigue impune a 17 años de los hechos en Baja California, el 22 de junio de 2004. Su crimen confirmaría que sus reportajes pusieron al descubierto el ADN del Cártel de Tijuana.
La Alianza de Medios Mx documentó que a pesar de existir pruebas de que el homicidio fue cometido por integrantes de la delincuencia organizada, la FGR desechó el caso y ahora sólo está en manos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, dependencia que Ortiz Franco exhibió en torno a la complicidad con grupos criminales.
Tampoco han ofrecido pruebas de avance la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Secretaría de Gobernación, que han sido notificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el procedimiento que se sigue contra el Estado mexicano ante el organismo por la ausencia de justicia.
Arturo Villarreal Heredia, quien es uno de los señalados del asesinato del editor del semanario Zeta, Francisco Ortiz Franco, fue sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos por su relación con el tráfico de drogas. Sin embargo, su sentencia se reduciría al colaborar con las autoridades de ese país. Y, como adelantó en los primeros meses de 2018 el Semanario Zeta, Villarreal Heredia prepara su regreso a México en libertad, a partir de la tramitación, en ese momento, de tres amparos 740/2017, 755/2018 y 757/2018.
