** Salud pública en la mira.
Con 401 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a bebidas con altas dosis de cafeína y azúcar. La minuta pasa ahora al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Salud que prohíben la venta de bebidas energéticas a menores de edad, ante los riesgos que representan para la salud infantil y juvenil. Con 401 votos a favor, las y los legisladores dieron luz verde a la iniciativa, que ahora será enviada al Senado para continuar con su trámite legislativo.
La reforma contempla sanciones de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización —equivalentes a más de 226 mil pesos— para quienes incumplan la prohibición. Además, se establece que los comercios deberán verificar la mayoría de edad de sus compradores mediante identificación oficial válida antes de realizar la venta.
Las bebidas energéticas fueron definidas como aquellas que contienen mezclas de cafeína, taurina, glucuronolactona, vitaminas del complejo B y azúcar, así como otros compuestos sintéticos capaces de alterar el sistema nervioso. De acuerdo con especialistas, su consumo frecuente se relaciona con problemas cardiovasculares, ansiedad, insomnio y, en casos extremos, hasta consecuencias fatales cuando se combinan con alcohol o ejercicio intenso.
Durante la discusión, se destacó que más del 40 por ciento de quienes consumen estos productos admiten mezclarlos con bebidas alcohólicas, lo que agrava los riesgos sanitarios. Por ello, la Secretaría de Salud tendrá la facultad de determinar qué sustancias y combinaciones deben catalogarse como “energéticas” y establecer categorías con base en estándares internacionales.
La reforma también prevé que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo de Salubridad General, se desarrollen campañas informativas dirigidas a menores y grupos vulnerables sobre los riesgos de estas bebidas. Dichas acciones deberán implementarse en un plazo no mayor a 12 meses tras la entrada en vigor del decreto.
Con esta decisión, el Congreso busca frenar el creciente consumo de bebidas energizantes entre adolescentes, cuya publicidad se asocia a la vida deportiva y social activa, pero que en realidad esconden efectos nocivos para el desarrollo físico y mental de las nuevas generaciones.
MDR.
