** Con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló la iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum para unificar sanciones y perseguir el delito de oficio en todo el país.
La reforma al artículo 73 de la Constitución permite al Congreso expedir una Ley General que armonice los tipos penales y las penas por extorsión, fortaleciendo la Estrategia Nacional contra este delito de alto impacto.
La Cámara de Diputados aprobó este martes 9 de septiembre el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. La medida faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en materia de extorsión.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con 474 votos a favor y se remitió al Senado para continuar con su trámite legislativo. La norma unificará tipos penales, agravantes, delitos vinculados y sanciones, además de establecer mecanismos de prevención, investigación y atención a víctimas y testigos.
Durante el debate, diputados de todos los grupos parlamentarios destacaron que la extorsión es un delito en crecimiento. Según cifras oficiales, en 2018 se reportaban 19 casos diarios en promedio, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 29, un aumento del 58 por ciento en seis años.
La reforma también busca que el delito pueda ser perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia por parte de la víctima, y que se implementen protocolos nacionales de atención y campañas de prevención. Se espera que la Ley General consolide la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la Presidencia.
El dictamen establece que las leyes locales seguirán vigentes hasta que el Congreso expida la nueva ley y señala que el plazo máximo para ello será de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados como Cuauhtémoc Blanco y Olga Sánchez Cordero celebraron la aprobación, destacando la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y garantizar sanciones homogéneas en todo el país.
Con esta reforma, México da un paso clave para enfrentar un delito que afecta a personas, comercios y gobiernos municipales, y que en los primeros seis meses de 2025 dejó 6 mil 880 víctimas y un costo aproximado de 26 mil millones de pesos al año.
MDR.
