** La iniciativa busca penas de hasta 15 años, coordinación entre autoridades y estrategias especiales para prevenir y sancionar el delito en todo el país.
La Presidenta envió al Congreso la Ley General contra la extorsión, armonizando códigos penales y fortaleciendo la investigación incluso en centros penitenciarios, con medidas para proteger a víctimas vulnerables.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley destinada a prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión en todo el país. La propuesta se construyó a través de una mesa técnica integrada por diversas dependencias del Gobierno de México.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la medida surge tras la reforma publicada el 9 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que otorgó al Congreso facultades para emitir la Ley General contra la Extorsión, permitiendo que el delito sea perseguido de oficio, sin depender de una denuncia formal.
Entre los puntos clave de la iniciativa se encuentran la coordinación interinstitucional, la definición de un tipo penal básico, reglas para la investigación, persecución y ejecución de sanciones, así como acciones y programas transversales. Se incluyen disposiciones especiales para combatir la extorsión en centros penitenciarios.
Se plantean penas de seis a 15 años de prisión, con agravantes como cobro de piso, víctimas migrantes, menores de edad o cuando el delito es cometido por un servidor público. La iniciativa también eleva a ley la Estrategia para Prevenir y Combatir la Extorsión, incluyendo el número de denuncia 089.
Además, armoniza diversos ordenamientos legales, como el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para garantizar que los recursos obtenidos por extorsión puedan ser sujetos a extinción de dominio.
Claudia Sheinbaum destacó que la medida forma parte de una política nacional reforzada, orientada a enfrentar de manera coordinada este delito que afecta a la sociedad mexicana, reforzando la prevención y la justicia para las víctimas.




