** INE concluye investigación sin sanciones.
Tras cinco años de indagatorias, el órgano electoral no halló pruebas sobre el uso de sobres con dinero para actividades partidistas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio carpetazo a la investigación sobre los videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo efectivo de David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil. Por unanimidad, el Consejo General declaró infundada la queja por presunto financiamiento ilegal a Morena, al no encontrarse pruebas de que el dinero fuera destinado a actividades partidistas.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que durante cinco años de indagatorias se revisaron transferencias bancarias, registros contables y fiscales, además de peritajes técnicos sobre el material audiovisual.
“No hay rastro bancario, ni comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, señaló.
El consejero Jaime Rivera recordó que la Fiscalía de Delitos Electorales ya había determinado en octubre de 2022 no ejercer acción penal, pues los videos presentaban alteraciones y perdían valor probatorio.
Desde la oposición, PAN y PRI criticaron la resolución, acusando al INE de un trato desigual frente a otros casos. Víctor Hugo Sondón, representante panista, afirmó que se envía “un mensaje de impunidad” y que “no se puede normalizar la ilegalidad con sobres amarillos y dinero sucio”.
El representante de Morena, Guillermo Santiago Rodríguez, aseguró que el caso fue “inflado mediáticamente” para atacar al gobierno y que “la realidad jurídica desmintió la narrativa de corrupción”.
Si bien el INE no aplicó sanciones por los sobres de dinero, sí impuso una multa de 55.3 millones de pesos a Morena por irregularidades detectadas en el pago de remodelaciones y mantenimiento de tres inmuebles durante la gestión de Yeidckol Polevnsky como secretaria general.
La consejera Humphrey advirtió que este caso muestra la urgencia de fortalecer las herramientas de fiscalización y garantizar que todas las autoridades entreguen información cuando el INE lo solicite.
MDR.