** Claudia Sheinbaum nombró a siete perfiles para integrar la Comisión de Reforma Electoral.
La presidenta busca que el país entero participe en una posible reforma, incluyendo a ciudadanía, expertos y gobierno. La comisión será presidida por Pablo Gómez.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene listo el primer grupo de trabajo que se va a encargar de coordinar los cambios al sistema electoral en México. Se trata de una nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, compuesta por siete personas de su círculo más cercano dentro del gobierno federal.
El encargo principal de esta comisión será abrir el debate en todo el país sobre cómo deben elegirse nuestras autoridades, qué cambios necesita el sistema político, cómo deben funcionar los partidos y qué tanto puede o no intervenir el pueblo en las decisiones importantes.
La presidenta designó al frente de la comisión a Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y figura política con experiencia en reformas anteriores. Junto con él estarán Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Antonio Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, como consejera jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, desde la Oficina de Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, y Arturo Zaldívar, ahora en Política y Gobierno de la misma oficina presidencial.
Este grupo será el encargado de hacer estudios, recibir propuestas y reunir voces para construir una posible reforma electoral. El decreto firmado por Sheinbaum dice que su papel será “emplazar al país a intervenir con críticas, opiniones y análisis”, lo que deja claro que la idea no es solo un proyecto desde el poder, sino algo que se quiere abrir al debate público.
Además de los análisis, podrán crear equipos de trabajo, invitar a expertos, sociedad civil, instituciones y organizaciones para enriquecer las propuestas. También tienen que elaborar su propio reglamento interno para operar.
El decreto, publicado este 4 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, aclara que la comisión será de carácter transitorio y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, o hasta que la presidenta decida disolverla. Los gastos que implique este nuevo órgano saldrán del presupuesto ya asignado a las dependencias que lo integran.
MDR.
