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Ciudad de México. – El Senado de la República aprobó en lo general la minuta con las reformas a la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por la que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obliga a los 122 millones de usuarios de celulares a registrar sus datos biométricos, es decir, huella dactilar y facial, así como el iris de los ojos.
No registrarse en ese padrón o hacerlo de manera extemporánea será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica y de una multa de 89 mil 692 pesos.
Toda la oposición votó en contra, por considerar que viola derechos constitucionales de los usuarios, al exponer datos sensibles, al establecer un padrón similar al que fracasó en el régimen de Felipe Calderón. Del lado de Morena, votó en contra la senadora Jesusa Rodríguez y diez legisladores Morenistas y del PT, entre ellos Napoleón Gómez Urrutia, se abstuvieron.
La senadora de Morena, Lucía Meza, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, comentó, al presentar el dictamen, que se busca reducir los delitos de extorsión y secuestro que dejan ganancias a la delincuencia organizada estimadas en 12 mil millones de pesos anuales.
“De acuerdo con el INEGI en el año 2019, uno de cada cinco delitos cometidos fue una extorsión. En el año 2019 se cometieron 4.6 millones de extorsiones, lo que representa 9 extorsiones por minuto. (…) Esto le genera a la delincuencia organizada los delitos de extorsión y secuestro, principalmente, más de 12 mil millones de pesos al año”.
Sin embargo, panistas, priistas, perredistas y senadores de MC advirtieron que acudirán a la Suprema Corte en cuanto se promulgue la controvertida ley. Claudia Ruíz Massieu, del PRI, afirmó establecer ese padrón violenta la presunción de inocencia y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias del servicio de telefonía celular, porque presume culpable de cualquier delito al titular de la línea registrada, si el número telefónico es usado para cometer un delito, el usuario queda en total indefensión”.
Además, agregó, la obligación de entregar datos biométricos atenta contra derechos fundamentales de los usuarios y su privacidad, pese a que en el dictamen se establece que la información contenida en ese padrón será confidencial y reservada en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
