Un total de 58 reos fallecieron y otros 12 resultaron heridos en una nueva masacre registrada en la penitenciaría de Guayaquil, situada en el suroeste de Ecuador, informó este sábado el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena.
En una rueda de prensa, el gobernador indicó que los enfrentamientos tuvieron lugar en el pabellón dos, donde hay un promedio de 700 personas privadas de la libertad (PPL).
El enfrentamiento se desató debido a que las bandas se disputan el liderazgo en el pabellón pues su cabecilla fue puesto en libertad recientemente, informó en la rueda de prensa la comandante general de la Policía, Tanya Varela.
El sistema penitenciario del país se encuentra bajo estado de excepción declarado el 29 de septiembre tras la peor masacre ocurrida en una cárcel, en Guayaquil, donde 118 presos fueron asesinados, varios de ellos desmembrados, en medio de una reyerta entre bandas relacionadas con el narcotráfico, según presumen las autoridades.
Desde entonces las fuerzas de seguridad practican operativos periódicos de requisas y control en los centros penitenciarios, cuyo perímetro es controlado por uniformados.
La Corte Constitucional dictaminó que la actuación de los militares en estos recintos no vulnera la carta magna en tanto se mantengan en los exteriores de las prisiones y hasta el primer filtro de ingreso a los recintos.
Pese al estado de excepción, los centros penitenciarios han seguido siendo escenario de altercados en las últimas semanas, ya que han aparecido colgados varios presos, mientras durante el festivo de Difuntos -a principios de mes- una riña entre bandas dejó tres reos fallecidos y un camión de provisiones saqueado.
El pasado miércoles, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) pidió la activación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, a raíz de videos que reflejan prácticas inhumanas, supuestamente realizadas contra presos en una cárcel de Guayaquil.
«La Secretaría de Derechos Humanos solicita a la Defensoría del Pueblo activar el mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de acuerdo a sus competencias, con el fin de cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos», señala el comunicado emitido por la entidad.
El documento hacía referencia a videos y fotografías «de conocimiento general», difundidos en redes sociales que «muestran presuntos casos de torturas entre las personas privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad Zonal 8».
En uno de ellos, supuestamente filmado por los propios reclusos en la Penitenciaría de Guayaquil, figura un joven que es sumergido boca abajo varias veces en un barreño de agua por varias personas que cuentan varios segundos hasta que lo sacan y le indican que pida a un familiar el pago de una supuesta deuda contraída.
POR : EFE
