Señalan diversas irregularidades en un contrato celebrado en 2015 con la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V.
El gobierno actual en Michoacán reveló que, mediante un contrato lleno de irregularidades, el uso de aeronaves en la administración pasada de Silvano Aureoles Conejo rebasó los mil 200 millones de pesos. En conferencia, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, indicó que en el año 2015 el gobierno de Silvano Aureoles, a través de la SSP, contrató por adjudicación directa a la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V.
Ello, dijo, para la renta de seis helicópteros y un avión sigiloso, utilizado supuestamente para misiones de logística, vigilancia aérea, búsqueda y rescate, así como transportación de funcionarios. Ortega Reyes explicó que se trató de cinco helicópteros Airbus A125, un helicóptero Augusta Koala, y un avión sigiloso Stemme, según los anexos del mismo contrato. Detalló que el monto del contrato era por mil 227 millones, 865 mil 800 pesos, a pagarse en un periodo de 69 meses, de enero de 2016 a agosto de 2021. Precisó que el contrato fue firmado por Antonio Bernal Bustamante, entonces titular de la SSP y responsable del Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Por parte de la empresa, señaló, el contrato fue signado por Ismael Flores Ramos como administrador único de la empresa privada. José Alfredo Ortega, expuso que una vez revisado el contrato, detectaron que las fechas de firma y la misma empresa presentan irregularidades difíciles de explicar.
«Por ejemplo: según los datos aportados por la empresa para la elaboración del contrato, esta fue registrada ante la Notaría Pública 150 del Estado de México el 3 de diciembre del 2015». «Esto significa que la empresa se constituyó apenas 14 días antes de la firma del contrato, que se realizó el 17 de diciembre del 2015. Mismos 14 días que el Gobierno se tomó para realizar la adjudicación directa», denunció.
El funcionario expuso que además, dentro de las cláusulas del contrato, se estableció que la empresa tuvo que depositar una fianza al Gobierno de Michoacán. Ello, a través la Secretaría de Finanzas, correspondiente al 10% del total del contrato (128 mdp), a fin de garantizar la cobertura de los servicios comprometidos. Cuestionó que, en ese sentido, era inverosímil que una empresa conformada 14 días antes de firmar el contrato tuviera esos 128 MDP para entregar como fianza. Evidenció que además, las siete aeronaves rentadas sólo podían tener 50 horas efectivas de vuelo al mes, por lo que el gobierno tenía que pagar las horas extras de vuelo.
Ortega Reyes, reveló que también el gobierno estatal se comprometió a cubrir el costo total de la aeronave en caso de pérdida, robo, confiscación, expropiación, daño o destrucción total.
El secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, acusó que era insostenible e injustificable la manera en que se hacía uso de los helicópteros en la anterior administración. Incluso, aseveró ante medios de comunicación, que las aeronaves eran utilizadas para asuntos personales y familiares de algunos funcionarios. Torres Piña mencionó que, lo que es más preocupante es la cantidad de dinero que se destinaba para el pago del uso de los helicópteros.
Aseguró que este gasto fue estratosférico y costó 218 millones 892 mil pesos al año; lo que significa un estimado de 18.241 mdp al mes, o casi 610 mil pesos al día. Dijo que el gobierno anterior destinaba anualmente recursos para la renta de helicópteros, que significan casi el doble del presupuesto otorgado a municipios pequeños o medianos de Michoacán. «Les queremos decir que nosotros no repetiremos ni permitiremos ese tipo de gastos millonarios e injustificables. No somos como ellos, no venimos a derrochar ni a obtener lujos y privilegios», mencionó.
