Tras estos primeros niños vacunados, padres y abogados anunciaron que hay un segundo bloque de otros 20 menores de edad que deben ser inmunizados
A Maximiliano el miedo le duró poco. Explica que al inicio sí tenía temor de que le aplicaran la primera dosis anti COVID-19, pues nunca le han gustado las vacunas, pero tras ver a los demás niños, tomó valor y ahora hasta invita a más menores de edad para que la reciban.
«No es tan doloroso, es más sano para todos nosotros y ayuda para que podamos volver a la normalidad poco a poco», explica Maxi, de doce años, quien es hijo de Alma Franco, la primera madre de familia y abogada de Oaxaca que decidió buscar por la vía legal que su hijo fuera inmunizado y que acompaña a otros 60 casos.
A Maximiliano el miedo le duró poco. Explica que al inicio sí tenía temor de que le aplicaran la primera dosis anti COVID-19, pues nunca le han gustado las vacunas, pero tras ver a los demás niños, tomó valor y ahora hasta invita a más menores de edad para que la reciban.
«No es tan doloroso, es más sano para todos nosotros y ayuda para que podamos volver a la normalidad poco a poco», explica Maxi, de doce años, quien es hijo de Alma Franco, la primera madre de familia y abogada de Oaxaca que decidió buscar por la vía legal que su hijo fuera inmunizado y que acompaña a otros 60 casos.
Este viernes diecisiete de septiembre, a más de un mes de que Alma y Maxi recibieron la suspensión de plano para que el niño fuera vacunado en 24 horas y tras obstáculos legales y quejas interpuestos por la Delegación de los Programas de Desarrollo y la Coordinación de la Estrategia Correcaminos en Oaxaca, diecioho menores de edad fueron vacunados contra el COVID-19.
Los padres de familia fueron citados a las once de la mañana en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), luego de un cambio de sede de última hora, pues primero se les citó en el Hospital Militar de Ixcotel.
La vacunación de este grupo de menores de edad, de entre doce y diecisiete años, es la primera que se realiza en la entidad y es resultado de la batalla legal que sus familias emprendieron desde agosto pasado, lo que les fue recriminado desde el gobierno federal, tanto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que había «acciones concertadas» y otros intereses detrás de los padres, como por Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que afirmó que vacunar a un niño era quitarle una dosis a personas con mayor riesgo.
Dichas críticas no detuvieron a Alma ni a los demás padres, pues en total, según Nancy Ortiz Cabrera, la delegada de Bienestar, hasta la primera semana de septiembre sumaban 65 los amparos interpuestos.
La vacunación de estos dieciocho menores de edad se dió luego de que los niños fueron valorados en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, que expidió un comprobante de salud, y de que los padres firmaron una carta compromiso, dado que la aplicación de la dosis Pfizer, pese a estar autorizada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), sigue sin incluirse en el Plan Nacional de Vacunación.
Tras estos primeros niños vacunados, padres y abogados anunciaron que hay un segundo bloque de otros 20 menores de edad que deben recibir la vacuna a más tardar la semana próxima.
De acuerdo con el abogado, Jorge Franco Jiménez, abuelo de Maxi, para que padres de familia puedan exigir el derecho de sus hijos a vacunarse lo único que deben hacer es pedir información, pues el formato de amparo se difunde gratuitamente, y sólo debe de ser llenado.
«Todos los padres pueden ejercer el derecho si así lo desean, es su decisión», señala.
«Cuando se interpuso este primer amparo y se logró la suspensión, con la difusión que le dieron abrió el espacio y se difundió gratuitamente el formato de la demanda a otros estados, grupos de abogados y padres de familia que los han solicitado. Lo pidieron de toda la república», agrega.
Para el abogado se trata de una medida saludable y considera que es una mala ponderación afirmar que vacunar a menores de edad es poner en riesgo la vida de otras personas.
«No se puede ponderar el riesgo de la perdida de vida, todos tenemos derecho a no poner en riesgo nuestra vida por una pandemia. Si el Estado implica deficiencias, debe justificarlas, pero no hay una causa justificada ni en la ley ni en el plan nacional que excluya a los menores del derecho a ser vacunados. Es una pésima ponderación de algunas autoridades», argumenta.
