** Tragedia en Iztapalapa destapa fallas en seguridad y operación del transporte de gas.
El estallido ocurrido en la zona oriente de la capital el 10 de septiembre transformó el entorno en un escenario de desastre. Autoridades locales y federales indagan responsabilidades.
La tarde del miércoles 10 de septiembre, la zona oriente de la Ciudad de México vivió uno de los episodios más trágicos de los últimos años: la explosión de una pipa de gas a la altura del puente de La Concordia en Iztapalapa. El accidente dejó hasta ahora un saldo de 10 personas fallecidas —siete hombres y una mujer— además de más de 90 afectados, de los cuales 22 permanecen en estado crítico.
El estallido provocó una onda expansiva que alcanzó varios cientos de metros a la redonda, con vehículos calcinados, viviendas dañadas y la movilidad colapsada durante horas. Decenas de personas que transitaban por la zona tuvieron que caminar por largas distancias en busca de transporte alterno, mientras equipos de emergencia trabajaban en el control del siniestro.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se habilitó un canal de comunicación directa para los familiares de las víctimas y anunció apoyos de emergencia para facilitar su traslado. También confirmó que la empresa Silza, propietaria de la pipa, es investigada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ante posibles irregularidades.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX indicó que la principal hipótesis es el exceso de velocidad del vehículo. La fiscal Bertha María Alcalde Luján explicó que los peritajes se encuentran en proceso, mientras que el conductor de la pipa continúa hospitalizado en estado crítico y bajo custodia.
La tragedia también escaló al ámbito federal. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía capitalina será la encargada de esclarecer las causas del accidente, al tiempo que la Secretaría de Energía revisará los permisos de transporte de combustibles.
“La ley establece que no sólo se trata de sanciones o reparación del daño, también de garantizar la no repetición”, subrayó.
Entre el dolor y la indignación, el caso ha puesto en la mesa la urgencia de reforzar las medidas de seguridad en el traslado de materiales peligrosos en zonas urbanas, donde un accidente puede convertirse en una catástrofe en cuestión de segundos.
MDR.
